Este lunes darán fallo sobre funcionarios acusados de corrupción en el PRA

Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el lunes a las 12:00 del medio día el fallo contra cuatro ex funcionarios del desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA por presunta malversación de 52 millones de pesos.

El Ministerio Público solicitó una pena de cuatro años de prisión y el pago de un millón 500 mil pesos de multa para el ex director del programa, Marcos Lara.

Mientras que para los otros ex funcionarios del PRA el Ministerio Público solicitó: tres años de prisión y el pago de un millón de pesos de multa para Sauri Rodríguez, ex director administrativo, y contra Nicolás Concepción Núñez y Juan Portalatín Castillo Castillo, dos años y 500 mil de multa.

Los ex funcionarios del desaparecido PRA están acusados por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.

La acusación argumenta que los imputados incurrieron en desvío de fondos asignados a la institución para beneficios particulares y de allegados.

Los ex funcionarios del desaparecido PRA están acusados por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores

Asimismo, el uso de recursos del PRA en beneficio del titular de ese organismo, en la adquisición de materiales para remodelar un local de la organización política que encabeza, así como la compra y asignación de vehículos a sus allegados.

La información salió a la luz pública, luego que el programa de investigación Nuria revelara los nombramientos de familiares y allegados, desvíos de fondos para proyectos religiosos y políticos, asignación de vehículos y el desvío de materiales que debían ser utilizados en la entidad gubernamental que los acusados tenían en la desaparecida institución pública.

Otros actos de corrupción que se denunciaron son que Lara, presidente del PRA en ese momento, nombró 34 personas entre familiares, relacionados y miembros de la institución religiosa a la que pertenece; desvió materiales ferreteros para una oficina privada de él, valorados en más de 300 mil pesos; impuso salarios de 120 mil pesos a directores departamentales y nombró un asesor con ese mismo sueldo, salario que según la escala debería tener el director de la entidad.

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